En primer lugar, el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (única plataforma del sector de la discapacidad a la que reconocen como interlocutor los poderes públicos, lo cual le confiere un gran poder a su vez), con fecha de 6 de octubre de 2012, ha solicitado a la DEFENSORA DEL PUEBLO, SOLEDAD BECERRIL,
"que
su Institución [DEFENSORÍA DEL PUEBLO] plantee ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en la parte de
esta norma que modifica determinados aspectos de la Ley 39/2006, de 14 de
noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
Al
tratarse de una norma de rango legal, solo cabe ser impugnada ante el Tribunal
Constitucional, por organismo o instancia legitimada, atribución con la que
cuenta el Defensor del Pueblo como alta institución para la defensa y
protección de los derechos de todos los ciudadanos. Los sectores sociales no
pueden por sí mismos recurrir normas legales, por lo que han de acudir a
organismos legitimados para ello como es la Defensoría del Pueblo.
Para
fundamentar su petición, el CERMI acompaña a su escrito a la Defensora del
Pueblo un completo informe jurídico en el que se examinan pormenorizadamente
las modificaciones legales operadas por el Real Decreto-ley de 13 de julio en
la Ley de Autonomía Personal, y se establece si son acordes con los preceptos
constitucionales, o se ha producido algún tipo de desviación o contradicción
con la Carta Magna.
Las
conclusiones del dictamen jurídico son que las reformas de la Ley 39/2006
introducidas el pasado mes de julio son contrarias a la Constitución, tanto por
motivos de forma como de fondo, por lo que hay motivo legal suficiente para el
recurso de inconstitucionalidad ante el máximo intérprete de la Constitución.
El
CERMI espera que la Defensora del Pueblo haga suyas estas consideraciones
estrictamente legales e interponga el recurso para que el Tribunal
Constitucional tenga la oportunidad de pronunciarse y en su caso reponga los
derechos presuntamente vulnerados por las últimas modificaciones de la Ley
39/2006."
06/10/2012
FUENTE: CERMI
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Por otra parte, el Parlamento en pleno de la la Comunidad Foral de Navarra, con el único voto en contra del PP, ha aprobado presentar
" un recurso de inconstitucionalidad contra los recortes en materia de dependencia incluido en el Real Decreto Ley de julio sobre medidas para la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
El recurso en concreto afecta a la nueva normativa sobre niveles de dependencia, servicios municipales de atención domiciliaria, incompatibilidades en las subvenciones, cuantías máximas de estas subvenciones y el catálogo de servicios que se puede ofertar.
Por UPN, Carlos García Adanero, indicó que los informes jurídicos "son
claros respecto a la posible invasión de competencias" en Navarra y para
su partido "es importante que el Parlamento de Navarra" pueda
recurrir "celoso de las competencias" forales, aun estando de acuerdo
con el Gobierno de España en las medidas para cumplimiento de déficit.
También el socialista Juan José Lizarbe defendió la presentación del recurso para salvaguardar "el autogobierno" de la Comunidad Foral, ya que la legislación básica del Estado "no lo es porque así lo diga" el Gobierno central.
"Y viendo sus intenciones de españolizar, los temores de recentralización no son un argumento facilón" sino "una realidad fácilmente constatable", añadió.
Por NaBai, Xabi Lasa, "contento" con la posición de UPN, sostuvo que el Real Decreto propone un "duro" paquete de medidas contra la crisis "para garantizar el modelo neoliberal", iguales que las "ya utilizadas hasta ahora sin ningún resultado" porque "frenan el gasto".
"Siempre la misma receta", "los más perjudicados son los más débiles", y además "vulnerando las competencias" de Navarra que "no fue capaz de defender" la presidenta Yolanda Barcina en la pasada Conferencia de Presidentes, ha dicho.
Maiorga Ramírez, portavoz de Bildu, ha agregado que para su coalición "hay que utilizar todos los medios posibles para defender las libertades de los ciudadanos y su capacidad de decisión" pero la presentación de recursos "no es la única para hacerlo" pues "no sirven para frenar" las decisiones del Estado.
Abogó por ello porque Navarra "debe actuar con contundencia", y así subrayó que "ha llegado el momento de que esta Cámara defina un nuevo marco jurídico de relación con el Estado que garantice nuestro futuro económico y social y que dé a la ciudadanía la última palabra".
Por Izquierda-Ezkerra, Txema Mauleón, indicó que más allá de los debates sobre el autogobierno, la ley de dependencia fue uno de los avances sociales más importantes y sin embargo "la política liquidacionista" del PP la está llevando "al desmantelamiento".
Y precisó que ante los recortes del Estado, a los que ha sumado en Navarra otros que ha acordado el propio Ejecutivo foral, hay que recurrir, una vía que al mismo tiempo defiende el autogobierno.
En contra del recurso de inconstitucionalidad intervino Eloy Villanueva, del PP, quien sostuvo que el Real Decreto Ley de julio es "el de esta legislatura", una medidas "excepcionales" que el Gobierno del PP se vio "obligado" a tomar por la situación que dejó el PSOE.
Medidas que "son objetivos compartidos" y que "pasan por cumplir con los compromisos adquiridos en la UE", comentó, al tiempo que ha reprochado a UPN su postura y destacado que "no hay ninguna invasión de competencias" en los ajustes de la dependencia, según los servicios jurídicos del Estado.
Ya el pasado 27 de septiembre el pleno del Parlamento de Navarra aprobó, en este caso con el voto en contra de UPN y PP, la presentación de otro recurso ante el Tribunal Constitucional por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre a los funcionarios y la reforma laboral.
También el socialista Juan José Lizarbe defendió la presentación del recurso para salvaguardar "el autogobierno" de la Comunidad Foral, ya que la legislación básica del Estado "no lo es porque así lo diga" el Gobierno central.
"Y viendo sus intenciones de españolizar, los temores de recentralización no son un argumento facilón" sino "una realidad fácilmente constatable", añadió.
Por NaBai, Xabi Lasa, "contento" con la posición de UPN, sostuvo que el Real Decreto propone un "duro" paquete de medidas contra la crisis "para garantizar el modelo neoliberal", iguales que las "ya utilizadas hasta ahora sin ningún resultado" porque "frenan el gasto".
"Siempre la misma receta", "los más perjudicados son los más débiles", y además "vulnerando las competencias" de Navarra que "no fue capaz de defender" la presidenta Yolanda Barcina en la pasada Conferencia de Presidentes, ha dicho.
Maiorga Ramírez, portavoz de Bildu, ha agregado que para su coalición "hay que utilizar todos los medios posibles para defender las libertades de los ciudadanos y su capacidad de decisión" pero la presentación de recursos "no es la única para hacerlo" pues "no sirven para frenar" las decisiones del Estado.
Abogó por ello porque Navarra "debe actuar con contundencia", y así subrayó que "ha llegado el momento de que esta Cámara defina un nuevo marco jurídico de relación con el Estado que garantice nuestro futuro económico y social y que dé a la ciudadanía la última palabra".
Por Izquierda-Ezkerra, Txema Mauleón, indicó que más allá de los debates sobre el autogobierno, la ley de dependencia fue uno de los avances sociales más importantes y sin embargo "la política liquidacionista" del PP la está llevando "al desmantelamiento".
Y precisó que ante los recortes del Estado, a los que ha sumado en Navarra otros que ha acordado el propio Ejecutivo foral, hay que recurrir, una vía que al mismo tiempo defiende el autogobierno.
En contra del recurso de inconstitucionalidad intervino Eloy Villanueva, del PP, quien sostuvo que el Real Decreto Ley de julio es "el de esta legislatura", una medidas "excepcionales" que el Gobierno del PP se vio "obligado" a tomar por la situación que dejó el PSOE.
Medidas que "son objetivos compartidos" y que "pasan por cumplir con los compromisos adquiridos en la UE", comentó, al tiempo que ha reprochado a UPN su postura y destacado que "no hay ninguna invasión de competencias" en los ajustes de la dependencia, según los servicios jurídicos del Estado.
Ya el pasado 27 de septiembre el pleno del Parlamento de Navarra aprobó, en este caso con el voto en contra de UPN y PP, la presentación de otro recurso ante el Tribunal Constitucional por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre a los funcionarios y la reforma laboral.
(Fuente: Diario de Navarra, fechada el 11 - 10 - 2012)
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SOLEDAD BECERRIL, Marquesa de Salvatierra, primera mujer (y aristócrata) en ostentar el cargo de Defensora del
Pueblo, se queja de que la
ciudadanía española no conoce bien la institución que ahora ella representa.
Si ese fuera el caso, nos parece una excelente ocasión para darla a conocer y
sobre todo para que la sociedad española la valorara y aceptara.
De larga carrera política, -primero en el
Partido demócrata de Andalucía, luego en UDC y desde finales de los 80 del
pasado siglo XX en el Partido Popular-, la
señora Becerril, ya como Defensora del Pueblo, por cierto, tampoco
ha presentado recurso de inconstitucionalidad sobre la Reforma Laboral, y
además ha salido a la palestra en los medios de comunicación por cuestiones que
poco tienen que ver con la defensa del pueblo en sí: por ejemplo, se
ha pronunciado a favor de la clase política -en
el "debate" sobre el auto del juez Pedraz-, excepto del alcalde
y diputado autonómico andaluz de IU Sánchez Gordillo...
GOBIERNO DE NAVARRA: Los
argumentos que parecen preocupar más a los grupos políticos navarros son los
del autogobierno, sus derechos forales y la injerencia del estado español; sólo
el diputado T. Mauleón recuerda la importancia social de la Ley que se pretende
recurrir ante el Supremo.
En cualquier caso, ojalá más instancias con posibilidad de maniobra, sean políticos, jueces, gobiernos, etc., ACTUASEN para paralizar o revertir las nefastas reformas sociales, judiciales, sanitarias y laborales (y dentro de nada, EDUCATIVAS) que nos retrotraen a épocas pasadas donde no existían los derechos de ningún tipo.
MARCA ESPAÑA: queremos un país digno donde se pueda vivir, donde nuestros hijos puedan crecer y ser felices.
